Galápagos: "...sustitúyase la Disposición Transitoria Cuarta".
Mantengo mi postura que al Gobierno actual lo motiva la buena fe.
Extremadamente compleja una reforma tributaria que busca generar seguridad jurídica para atraer inversión extranjera, pero a la vez romper una costumbre histórica de realmente no pagar los impuestos en forma completa al Estado, bajo el justificativo (“decimos”) de que lo hacemos porque está implícita en las transacciones y en los servicios básicos que irremediablemente no podemos evitarlos; y que “no recibimos nada a cambio por parte del Estado, o para que se roben los corruptos, y menos aún seguir manteniendo un estado obeso”.
El tema de lo que haya dicho en campaña sobre no más impuestos, si bien es cierto demuestra consistencia o no entre lo que dice y hace, es al momento lo menos relevante, ya que al estar en el Poder tendrá que tomar las decisiones que corresponderá, sujeto a la realidad, números, y proyecciones. Y es aquí donde corresponde ver por el país, y no por intereses particulares, o específicos de grupos o sector.
No soy experto tributario, por tal no puedo opinar al respecto. Pero de lo que sí puedo expresar es que en el tema de Galápagos sí se equivocó; y sin subestimar la capacidad de su equipo fue sorprendido, creando privilegios y prerrogativas a un grupo específico que no necesariamente su aparato productivo retribuye tributaria ni económicamente a la región y al país.
Menciona entre los considerandos (h. Reformas a la Ley de Galápagos…) que busca “creación de oportunidades” y que quiere “proveer certidumbre jurídica para quienes puedan mantener y aumentar sus inversiones”, y que esto no signifique “menos oportunidades para los habitantes”.
Sin concurso, sin condicionar inclusive, sin distinguir o clasificar cuáles realmente son los barcos operados por sus titulares y cuáles no, o estas concesiones son usadas como fuente para arrendarlos a terceros y asegurar una renta de vida; o si el capital del barco es totalmente del exterior, sin cumplimientos tributarios con la región, les renueva veinte años en forma automática sus concesiones, con algunos retoques de forma, pero sin corregir lo esencial.
Para el resto de habitantes que legítimamente, aun en condiciones menos favorables para un concurso, no tendrán acceso a la oportunidad de aplicar por una concesión de ese tipo, especialmente las navegables, y solo quizás algo de actividad diaria.
Hablamos de inversión al país. Un barco grande nuevo que entra a reemplazar a uno anterior de un “titular”, esa compra se hace en el exterior. O si lo construye, irá la inversión en pagos de mano de obra del astillero constructor y en los materiales adquiridos fuera del país. ¿Entra la inversión al Ecuador?, o solo le favorece para exonerar impuestos a la renta?
Un turista que llega a un hotel en tierra en la provincia, indistinto que su comercialización se haya hecho totalmente en el exterior, al ocupar noche de hotel en tierra paga el 12% de IVA, y paga el 10% de servicio. El sistema de control de Rentas, al reporte, recibirá ese IVA por pasajero y día ocupado, y los empleados del servicio turístico recibirá ese ingreso que circulará localmente.
El pasajero que llega a bordo de estas naves “que ya tienen certidumbre jurídica para mantener y aumentar sus inversiones”, más allá que la comercialización y la transacción de aquel pasajero que llegará … ¿paga por noche y habitación ocupada IVA, y registra el 10% de servicio? ¿O seguimos bajo la figura de transporte marítimo?
Aquellos titulares que han pasado toda su vida alquilando sus concesiones a terceros, usando la figura legal y administrativa para mantener su renta, ahora, automáticamente el Estado les asegura veinte años más mantener aquel status quo.
El problema en Galápagos, si bien es cierto lo prioritario debe ser precautelar lo más posible su integridad ambiental, es el no priorizar que la mayor actividad que se ejercita en las áreas protegidas de Galápagos es turísticas- económicas, y que su manejo debe centrarse en la administración de lo que produce este capital natural, en cómo lo genera, y si quienes lo generan tributan correctamente para la región y al país.
Por otro lado, el esfuerzo que hago en expresar esta molestia (y hasta cierto punto indignación) de ver cómo blindan privilegios bajo argumentos de “seguridad jurídica para motivar y aumentar sus inversiones”, lo recomendable es una reforma eficiente y eficaz para lograr que por el régimen especial de la provincia, lo que por tributos, tasas y más genere las actividades productivas en Galápagos, se quedaran en la provincia, en beneficio de su integridad ambiental, y de las condiciones y oportunidades para quienes de una u otra manera, y con las restricciones que corresponden, habitan y producen en y de Galápagos.
Reordenando el tema tributario, y una reglamentación en las inversiones de la provincia de régimen especial de Galápagos primero, podemos ahí sí, con condiciones claras, perennizar operadores, o abrir concursos de concesiones comprometidas ambientalmente, y sabiendo que al menos lo que esta área protegida permite generar su tributación sea correcta para el Estado ecuatoriano.
Empezamos otra vez un proceso de construcción de una nueva Ley Orgánica para Galápagos. Nuevamente un camino largo. Los efectos de las acciones que hemos tomado en el pasado y ahora, serán irreversibles. Ojalá no desmayemos en el camino.
Pero que esta nueva Ley, o las que tenga que hacer en forma económica urgente el
Ejecutivo, resuelva primero en romper privilegios. Y que ojalá dentro de este periodo de Gobierno pueda dar un gran paso positivo para proteger Galápagos, asegurando que estas “inversiones” tributen en beneficio de la región que le está brindando la oportunidad de producir.
Luego de esto, bienvenidas más reservas marinas, más especies cuidadas, un buen sistema integral de manejo logístico para la región, y ahí sí: más Galápagos para el mundo.
Ricardo Arenas Pilataxi
Santa Cruz-Galápagos.
4Dic2021
