Galapagos. Renovación "automática"?

No es a nombre de ningún gremio de Galápagos en particular que escribo.

Como muchos, ciudadanos comprometidos a las islas, que vivimos del recurso natural conservado, junto a familias, con necesarios derechos restringidos, pero con la convicción de que debe ser así por el privilegio de residir en este lugar, nos da esto el aval de expresar claramente al Gobierno Nacional que está totalmente errado en pretender, que un tema como es la renovación de las patentes turísticas de las áreas protegidas de las Islas Galápagos, que por mandato de la Constitución por un régimen especial corresponde a  la Ley de Galapagos,  intenten en esta Ley “Orgánica para la Transparencia Fiscal…” renovar  sin concurso, esos derechos por 25 años más, a los titulares de las concesiones actuales.

Esta pretensión privilegiaría intereses particulares, omitiendo los procesos de concurso y calificación que todos deben cumplir, eliminando la oportunidad a otros, y sin condicionar correcciones tributarias, ni reforzar u optimizar medidas ambientales necesarias para la región.

El ministro del Consejo de Gobierno de Galápagos, quien además se comprometió con nosotros de hacerlo; debe en forma clara y directa expresar al Ejecutivo que el propuesto articulo 130 de dicha ley “Orgánica para la Transparencia Fiscal…” que plantea la sustitución de un artículo de la Ley de Galápagos, sea retirada. Y que dicho tema debe ser tratado en el ámbito que incumbe; esto es, dentro del proceso de reforma de la Ley de Galápagos que se está realizando, o en una nueva ley para las islas.

El Gobierno no puede propiciar privilegios; y más allá que las actividades que se desarrollan en las áreas protegidas se enmarcan en la Ley de Régimen Especial de Galápagos, rompe el respeto a principios de igualdad de todos ante la ley, vulnerando derechos de participación, e ignorando la prioridad de mantener el equilibrio entre los frágiles recursos naturales con quienes hacemos la vida en el archipiélago.

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea debe evitar tratar este artículo en la revisión que hagan de la Ley “Orgánica para la Transparencia Fiscal…” enviada por el Presidencia en días anteriores, ya que de hacerlo, están otorgando ilegítimas prerrogativas  a titulares de concesiones de franquicias internacionales, igualando en condiciones  con empresas domiciliadas en el Ecuador continental; y con operadores de Galápagos de los cuales de este último grupo, doy fe que muchos de ellos sí cumplen responsabilidades no solo ambientales sino  sociales, buscando que quienes participen de ellas sean reales custodios de sus recursos. 

¿Puede una franquicia internacional que bajo figuras de contratos asociativos, legales pero no muy legítimos, beneficiarse de una renovación automática de ese “derecho” que da el estado para explotar turísticamente las áreas protegidas insulares, igual que una empresa continental, que también abusa de normas laborales y beneficios distorsionados que les da la ley de Galápagos  para la contratación de su personal, sin tampoco acogerse a rectificaciones y declaraciones tributarias dentro de la provincia donde se ejecuta la actividad productiva? a  un  legítimo titular de Galápagos que cumple debidamente con los lineamientos del estado, y que sí está dispuesto a concursar para su renovación en  los plazos que la ley de Galápagos los ha establecido?

¿No debería primero ejecutarse las recomendaciones que la Contraloría General del Estado ha establecido en el examen hecho en el proceso de concesiones, en el informe de su auditoria del 2012 al 2018, y no simplemente renovarles a todos, sin establecerse previamente las sanciones, revocatorias, y enmiendas indicadas?

¿Podemos callar? debemos aceptar?

Muy respetuosamente, pero con la firmeza que corresponde, conminamos y exigimos al Presidente, al gobierno en general, y a todos los miembros de la Asamblea Nacional, que el artículo propuesto en la Ley “Orgánica para la Transparencia Fiscal…”    enviado por el Ejecutivo, para modificar el artículo de la Ley vigente de Galápagos, buscando la renovación automática de las patentes de operación turísticas de Galápagos, no sea aprobado, sea rechazado, sea eliminado; y se remita el análisis de ese tema dentro del ámbito de competencia, que es en el proceso de reforma que está teniendo la Ley de Régimen Especial de Galápagos; o en lo ideal, de una nueva ley para la provincia.

No solo está en juego los intereses de unos pocos. Está en juego el equilibrio de todo Galápagos, y las decisiones correctas para su largo plazo.

Ricardo Arenas Pilataxi

Santa Cruz, 25 de octubre 2019

Ley de Galapagos?

Hace un año atrás entendimos, por vivir y por ser parte de Galápagos, que había que buscar cambios; tanto en el marco legal, su implementación, ejecución; como en nuestra forma de vivir, asumiendo nuestra responsabilidad por considerarnos residentes.   Caso contrario, manteniéndonos sin corregir, sin tomar decisiones determinantes, el deterioro de las islas, tanto por la fragilidad de su ecosistema como por la relación del humano con el sitio con su calidad de vida, haría que no tengamos Galápagos por muchos años más.

Estas islas necesitan un marco legal especial. La actual ley y su aplicación debe ser reformulada. 

Sabíamos que existe un proceso de reforma, el cual no logrará las necesarias correcciones. Fue ahí que nos sumamos desde ese entonces en una causa de impulsar una Nueva Ley para lograr cambios estructurales. Desde la constitución de los miembros del Consejo de Gobierno; el que los recursos fiscales o de recaudación tributaria que se producen por las actividades económicas, o por visitar a la provincia se queden y reinviertan en la región. En buscar el reordenamiento de inversiones, y de las actividades productivas en las áreas protegidas; así como plantear en el régimen migratorio que se aplique “el principio” que la residencia está vinculada al estar domiciliado en las islas, sin violentar derechos adquiridos, pero que ese hecho es la generadora de aquel derecho; y que todas lo demás personas se regularizan categorizándolos con permisos de trabajo. 

Un proceso de reforma de la ley actual de Galápagos, como el que está llevando la Asamblea, supimos y sabemos que no podrá corregir este crecimiento desordenado que tenemos, y más factores que distorsionan lo especial de esta provincia. 

Solo una Nueva Ley que nazca de la iniciativa del Ejecutivo o por pedido de la ciudadanía a través de una consulta popular, y construida en forma participativa desde el interior de las islas, con todos los sectores involucrados, es la única forma que podamos enrumbar Galápagos, e impedir que esos índices de “crecimiento” y de daño a los recursos que estamos teniendo acaben con la región.

¡Nos durmieron! creímos que los espacios que pedimos a través del Consejo de Gobierno de Galápagos para el Legislativo desde el interior de las islas para generar insumos y  propuestas iban a entrar en un proceso de participación directa, “subiéndonos” a la ruta de solicitar prórroga  al camino marcado por el Legislativo, a través de cartas de entendimientos, y resoluciones de Consejos Cantonales, que en forma clara expresamos querer construir aportes dentro de un proceso participativo desde el interior de Galápagos. Quedó en nada, simplemente… nada.

La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional avanza, revisan articulo por artículo, donde harán propuestas de reformas, con las limitaciones propias que la norma les permite a ellos; y que en su momento cuando esté ya consolidada esa propuesta de reforma, vendrán a “territorio a socializar con las comunidades”.  

¿Y entonces?  nuestra participación en la construcción de una ley de Galápagos que busque ese necesario equilibrio en precautelar el frágil capital natural con el residente en el archipiélago, que con las restricciones necesarias que debemos tener, se logrará? 

Me siento molesto. Tuvimos los brazos abiertos. Pero invito a todos, sí a todos, en insistir en una Nueva Ley, que sea construida desde el interior de la provincia e invitando a todos los sectores que hacen Galápagos: ciencia, sectores productivos, sociedad civil. 

Es cierto, no necesariamente hemos perdido un año; pero no podemos desmayar en corregir y en volver a tomar impulso, ya que los índices de crecimiento de población, de visitantes, seguridad alimentaria, consumo de combustibles fósiles, introducción de especies, desorden en las inversiones; un sistema de carga que permite iniciativas, si bien legítimas, sin sustentos técnicos; y una naturaleza que lucha a diario entre el aleteo de sus aves, y lobos e iguanas en mantenerse vivos en la fuerza exuberante de nuestros mares.

Una nueva Ley de Galápagos debe ser motivada por el ejecutivo, consulta popular; o firmemente exijamos participación en forma organizada en la generación de los necesarios cambios y correcciones que la región demanda.

Ricardo Arenas P.

Santa Cruz 17 Octubre 2019.