No es a nombre de ningún gremio de Galápagos en particular que escribo.
Como muchos, ciudadanos comprometidos a las islas, que vivimos del recurso natural conservado, junto a familias, con necesarios derechos restringidos, pero con la convicción de que debe ser así por el privilegio de residir en este lugar, nos da esto el aval de expresar claramente al Gobierno Nacional que está totalmente errado en pretender, que un tema como es la renovación de las patentes turísticas de las áreas protegidas de las Islas Galápagos, que por mandato de la Constitución por un régimen especial corresponde a la Ley de Galapagos, intenten en esta Ley “Orgánica para la Transparencia Fiscal…” renovar sin concurso, esos derechos por 25 años más, a los titulares de las concesiones actuales.
Esta pretensión privilegiaría intereses particulares, omitiendo los procesos de concurso y calificación que todos deben cumplir, eliminando la oportunidad a otros, y sin condicionar correcciones tributarias, ni reforzar u optimizar medidas ambientales necesarias para la región.
Como muchos, ciudadanos comprometidos a las islas, que vivimos del recurso natural conservado, junto a familias, con necesarios derechos restringidos, pero con la convicción de que debe ser así por el privilegio de residir en este lugar, nos da esto el aval de expresar claramente al Gobierno Nacional que está totalmente errado en pretender, que un tema como es la renovación de las patentes turísticas de las áreas protegidas de las Islas Galápagos, que por mandato de la Constitución por un régimen especial corresponde a la Ley de Galapagos, intenten en esta Ley “Orgánica para la Transparencia Fiscal…” renovar sin concurso, esos derechos por 25 años más, a los titulares de las concesiones actuales.
Esta pretensión privilegiaría intereses particulares, omitiendo los procesos de concurso y calificación que todos deben cumplir, eliminando la oportunidad a otros, y sin condicionar correcciones tributarias, ni reforzar u optimizar medidas ambientales necesarias para la región.
El ministro del Consejo de Gobierno de Galápagos, quien además se comprometió con nosotros de hacerlo; debe en forma clara y directa expresar al Ejecutivo que el propuesto articulo 130 de dicha ley “Orgánica para la Transparencia Fiscal…” que plantea la sustitución de un artículo de la Ley de Galápagos, sea retirada. Y que dicho tema debe ser tratado en el ámbito que incumbe; esto es, dentro del proceso de reforma de la Ley de Galápagos que se está realizando, o en una nueva ley para las islas.
El Gobierno no puede propiciar privilegios; y más allá que las actividades que se desarrollan en las áreas protegidas se enmarcan en la Ley de Régimen Especial de Galápagos, rompe el respeto a principios de igualdad de todos ante la ley, vulnerando derechos de participación, e ignorando la prioridad de mantener el equilibrio entre los frágiles recursos naturales con quienes hacemos la vida en el archipiélago.
La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea debe evitar tratar este artículo en la revisión que hagan de la Ley “Orgánica para la Transparencia Fiscal…” enviada por el Presidencia en días anteriores, ya que de hacerlo, están otorgando ilegítimas prerrogativas a titulares de concesiones de franquicias internacionales, igualando en condiciones con empresas domiciliadas en el Ecuador continental; y con operadores de Galápagos de los cuales de este último grupo, doy fe que muchos de ellos sí cumplen responsabilidades no solo ambientales sino sociales, buscando que quienes participen de ellas sean reales custodios de sus recursos.
¿Puede una franquicia internacional que bajo figuras de contratos asociativos, legales pero no muy legítimos, beneficiarse de una renovación automática de ese “derecho” que da el estado para explotar turísticamente las áreas protegidas insulares, igual que una empresa continental, que también abusa de normas laborales y beneficios distorsionados que les da la ley de Galápagos para la contratación de su personal, sin tampoco acogerse a rectificaciones y declaraciones tributarias dentro de la provincia donde se ejecuta la actividad productiva? a un legítimo titular de Galápagos que cumple debidamente con los lineamientos del estado, y que sí está dispuesto a concursar para su renovación en los plazos que la ley de Galápagos los ha establecido?
¿No debería primero ejecutarse las recomendaciones que la Contraloría General del Estado ha establecido en el examen hecho en el proceso de concesiones, en el informe de su auditoria del 2012 al 2018, y no simplemente renovarles a todos, sin establecerse previamente las sanciones, revocatorias, y enmiendas indicadas?
¿Podemos callar? debemos aceptar?
Muy respetuosamente, pero con la firmeza que corresponde, conminamos y exigimos al Presidente, al gobierno en general, y a todos los miembros de la Asamblea Nacional, que el artículo propuesto en la Ley “Orgánica para la Transparencia Fiscal…” enviado por el Ejecutivo, para modificar el artículo de la Ley vigente de Galápagos, buscando la renovación automática de las patentes de operación turísticas de Galápagos, no sea aprobado, sea rechazado, sea eliminado; y se remita el análisis de ese tema dentro del ámbito de competencia, que es en el proceso de reforma que está teniendo la Ley de Régimen Especial de Galápagos; o en lo ideal, de una nueva ley para la provincia.
No solo está en juego los intereses de unos pocos. Está en juego el equilibrio de todo Galápagos, y las decisiones correctas para su largo plazo.
Ricardo Arenas Pilataxi
Santa Cruz, 25 de octubre 2019
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