Galápagos: una responsabilidad que va más allá de solo reconocimiento.

El 22 julio de 2005, la Organización Marítima Internacional (OMI) mediante Resolución MEPC.135(53) reconoció al Archipiélago de Galápagos como una Zona Marina Especialmente Sensible (PSSA). Ese título, poco conocido por muchos, coloca a nuestras islas entre las áreas marinas más valiosas y frágiles del planeta, bajo la protección del sistema MARPOL y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Pero este reconocimiento no es solo simbólico. Es una obligación internacional. Significa que el Ecuador debe garantizar que toda actividad marítima, logística o portuaria en Galápagos se realice bajo los más altos estándares de seguridad, control ambiental y bioseguridad marina.

 

Hoy, veinte años después, esa responsabilidad está lejos de cumplirse. Galápagos no tiene un puerto de aguas profundas ni instalaciones adecuadas para el manejo de carga, residuos o aguas residuales. Tampoco existen sistemas modernos de control biológico y cuarentena portuaria, a pesar de que el principal riesgo para la biodiversidad de las islas proviene justamente del transporte marítimo y de las especies invasoras que llegan con él.  En términos simples: seguimos operando con medios precarios en una de las zonas más protegidas del planeta.

 

Cumplir con la condición PSSA no es opcional. La OMI establece claramente que los Estados deben proveer infraestructura portuaria segura, sistemas de recepción MARPOL, y mecanismos efectivos de monitoreo ambiental.
Ignorar esto no solo compromete la seguridad del transporte y la vida humana, sino que también contradice el principio de precaución ambiental que sustenta toda la protección internacional de las islas. No se trata de pedir más desarrollo, sino de pedir coherencia.

Si decimos que Galápagos es un laboratorio natural único, debemos cuidar cada proceso que lo rodea, desde cómo llega la carga hasta cómo se manejan los residuos. Y si somos una Zona Marina Especialmente Sensible, debemos actuar como tal: con puertos seguros, controles rigurosos y tecnología ambiental al servicio de la conservación. Esta situación no debe verse como una falta, sino como una oportunidad de país.

La designación PSSA ofrece una base jurídica y moral sólida para que el Estado priorice con urgencia y visión de futuro, la modernización ambiental del sistema portuario de Galápagos. Un puerto seguro no amenaza la conservación: la protege. Porque en estas islas, cuidar la naturaleza no es un límite al desarrollo: es la única forma legítima de hacerlo posible.

 

Es momento de retomar la responsabilidad del Estado y capitalizar los esfuerzos institucionales realizados, aunque hasta ahora inconclusos, para responder al clamor de un Galápagos sustentable. Resulta prioritario desarrollar una infraestructura portuaria moderna que corrija las deficiencias del actual sistema de carga marítima y, al mismo tiempo, potencie la ubicación estratégica del archipiélago como nodo logístico del Pacífico oriental, en beneficio del Ecuador.

 

Ricardo Arenas
Santa Cruz, 6 de noviembre de 2025